Un fallo de la Cámara Federal (Sala II) y los allanamientos ordenados por Claudio Bonadio colocaron en una posición de extrema debilidad procesal a Cristina Fernández. La Cámara Federal dispuso que Sebastián Casanello investigara a la expresidente, a su exministro Julio de Vido y a todas las piezas del aparato de corrupción que permitió que Lázaro Báez se transforme en un exempleado bancario multimillonario con cuentas secretas alrededor del planeta.
Y los allanamientos instruidos por Bonadio permitirán desnudar la trama económica-financiera que urdió la familia Kirchner con el clan Báez, los sobreprecios de la obra pública y el lavado de dinero realizado en los últimos 12 años. Bonadio incautó balances comerciales, facturas de alquiler, resúmenes bancarios, constancias de transferencias de depósitos y contratos privados, que estaban archivados y escondidos en determinados despachos privados y oficinas públicas vinculadas a CFK y su entorno político y familiar.
Pero las malas noticias para Cristina no terminan aquí. También la Cámara Federal dispuso que los jueces Bonadio, Casanello y Julián Ercolini deben coordinar sus esfuerzos en las distintas investigaciones que tienen como objeto procesal a CFK, sus ministros, sus familiares, socios y amigos. Esto significa que de hecho se armará una sola megacausa que incluye Los Sauces (Bonadio), la ruta K del dinero (Casanello) y Hotesur (Ercolini), para evitar que la burocracia procesal conspire con la profundidad y la velocidad de las pesquisas. Esa megacausa, si se trabaja a fondo, puede terminar con la libertad de Cristina Fernández y colocar cerca del abismo procesal a Máximo Kirchner.
Bonadio ya demostró que juega a fondo, sin olvidar que en otra época firmó el entierro de las denuncias por enriquecimiento ilícito contra dos exsecretarios privados de Kirchner. Ahora, el juez federal está en una cruzada personal con CFK y tiene la ventaja de las pruebas recogidas en los diversos allanamientos realizados en el Sur. Con esa evidencia, en la causa Los Sauces, Bonadio puede procesar a CFK con un fallo fundado y sustentado en pruebas irrebatibles.
Casanello siempre esquivó la posibilidad de investigar a Cristina. Desde un comienzo, pese a los indicios que había en el expediente, trató de limitar la pesquisa a la familia Báez. Y esa estrategia de protección le jugó en contra: fue recusado y amonestado por la Cámara Federal, que le ordenó avanzar hacia arriba en la investigación de la ruta K del dinero sucio. Y arriba, sin dudas, está Cristina, De Vido y otros contertulios de la Patagonia.
Ercolini hace poco que tiene el expediente Hotesur. Sin embargo, dispuso una serie de pruebas que llevaran a confirmar que Cristina con la connivencia de Báez y Cristóbal López supuestamente montó un mecanismo de lavado de dinero que provenía de negocios espurios ejecutados por una decisión política asumida en Balcarce 50. Con la evidencia acumulada en su juzgado, salvo milagro político, Ercolini no tendrá otra alternativa que dictar el procesamiento de la expresidente.
La suma virtual de las investigaciones de Los Sauces, la Ruta K y Hotesur complica la estrategia de defensa de la familia Kirchner. Y a su vez, la Cámara Federal ha decidido que, si los jueces Bonadio, Casanello y Ercolini no pueden con la totalidad de estos expedientes, deben delegar a los fiscales asignados a sus juzgados. Es decir, CFK, su familia, sus socios y amigos serán investigados por tres jueces y tres fiscales federales, después de ocupar Balcarce 50 durante doce años.
A Cristina no le queda otra alternativa que regresar a Buenos Aires y leer todos los expedientes que investigan sus presuntos actos de corrupción. Y deberá apurarse: antes de la primavera, subirá los escalones de Comodoro Py para explicar sus relaciones comerciales con Báez y la concesión de la obra pública que ejecutó durante su mandatos presidenciales.
