Daniel Rafecas es juez federal y se negó a investigar la denuncia presentada por el fiscal federal Alberto Nisman para determinar si Cristina Fernández y un puñado de funcionarios y operadores kirchneristas cocinaron el Memo con Irán para encubrir a los terroristas que volaron la AMIA y asesinaron a 85 personas. El juez Rafecas rechazó dos veces la apertura de la denuncia de Nisman, alegando que no había indicios suficientes en la presentación realizada por el fiscal asesinado a sangre fría. Rafecas no quiso investigar a CFK y su conducta como magistrado determinó que se presentará su juicio político en el Consejo de la Magistratura. El juicio político fue avalado por Elisa Carrió y Ángel Rozas, dos legisladores oficialistas que conocen cómo funciona la maquinaria de poder. Para Carrió y Rozas, la política es una ciencia exacta.
Tras un engorroso proceso judicial, Claudio Bonadio abrió la denuncia de Nisman y recolectó evidencia contra CFK y sus amigos del gobierno y los movimientos sociales. Este juez federal aseguró que Nisman tenía razón en la causal de encubrimiento de los asesinos de la AMIA y añadió el delito de traición a la patria. Cristina y sus amigos apelaron y en la Cámara Federal ratificaron la imputación de encubrimiento y descartaron la acusación de traición a la patria. Otra vez se presentó un recurso de apelación, y la Cámara de Casación avaló la posición de la Cámara Federal. Es decir: cinco jueces federales, en términos del delito de encubrimiento, demostraron que la decisión de Rafecas fue vil y mal intencionada. Si Rafecas hubiera actuado como un juez, no hubiera sido necesario esperar que Bonadio, la Cámara Federal y la Cámara de Casación cumplieran su trabajo como establece las normas básicas y los códigos de ética del sistema democrático.
Los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura aseguran que Rafecas actuó acorde a derecho. Una explicación que no debería sorprender: estos representantes sostienen que CFK no cometió ningún delito y que es perseguida por la Casa Rosada.
Los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura sostienen que no se puede eyectar a Rafecas de su despacho en Comodoro Py por el contenido de una sentencia, ya que ello implicaría un pésimo antecedente que pone en juego la independencia de los magistrados. El argumento en términos teóricos es sólido, pero tiene un falla empírica: Rafecas nunca dictó una sentencia y además la trayectoria procesal de la denuncia de NIsman ya demostró su mal desempeño, porque lo que rechazó a priori se transformó hacia adelante en procesamientos y prisiones preventivas para CFK y sus compañeros de militancia.
Los representantes de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura tienen una posición al menos gelatinosa. Primero respaldaron la postura de Carrió y Rozas, que empujaban el juicio político a Rafecas. Y ahora decidieron cerrar los pedidos de juicio político. Rozas se quedaba solo en su acusación contra Rafecas y finalmente apoyó una sanción pecuniaria, mientras que Carrió no aparece en los lugares que habitualmente frecuenta. Conclusión: los representantes de Cambiemos, con los argumentos teóricos avalados por los jueces, salvarán a Rafecas del juicio político iniciado por su negativa a abrir la denuncia de Nisman contra CFK.
Rozas asegura en la intimidad del Consejo de la Magistratura que Carrió le pidió que cerrara la acusación contra Rafecas. El vocero de Carrió jura que no hubo encuentro entre ambos legisladores oficialistas. Y los restantes miembros de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura ratifican que Carrió habló con Rozas y pidió por Rafecas.
Entonces, la suma de los votos del kirchnerismo, los jueces y determinados representantes de Cambiemos enterraran las denuncias contra Rafecas. Sólo habrá una sanción menor por haber puteado por teléfono al diputado Waldo Wolf, que precisamente exigió el juicio político que hoy partirá al archivo del Consejo de la Magistratura. Paradójico: un magistrado que actúa como un barra brava, apenas será apercibido con una sanción pecuniaria.
Pero el caso no termina aquí. Rafecas renunciará a su despacho de juez federal para buscar un nombramiento como defensor oficial, que el gobierno convalidará. El juez que no defendió la denuncia de Nisman, ahora defenderá a los pobres y ausentes que no pueden pagar un abogado.
Alea jacta est.
